Para el daño a la vida de relación, la Corte introduce porcentajes indicativos según la gravedad de la afectación. Así, las limitaciones graves que impiden actividades esenciales de la vida permiten acceder al 100 % de la condena, mientras que deformidades faciales, pérdidas parciales de órganos de los sentidos u otras afectaciones reciben porcentajes menores. No obstante, a diferencia del daño moral, la sentencia no logra establecer criterios suficientemente delimitados que eviten la confusión con otros perjuicios, lo que deja un amplio margen de discrecionalidad judicial.

En cuanto al daño a la salud, la Corte adopta una postura distinta. Reconoce que se trata de un bien inmaterial e inestimable en dinero, razón por la cual su reparación debe ser razonable y simbólica. En lugar de fijar montos o porcentajes, la sentencia identifica tres formas posibles de reparación: la prestación directa de servicios médicos y psicológicos por parte del responsable, el pago de tratamientos realizados por terceros o la indemnización en dinero para cubrir los gastos médicos de la víctima. Esta aproximación, aunque conceptualmente sólida, refuerza la crítica según la cual la sentencia no consigue fijar límites claros en esta categoría de daño.

En materia de daños patrimoniales, la Corte mantiene una línea clásica pero estricta. El daño emergente comprende los gastos necesarios y comprobables derivados del hecho dañoso, como tratamientos, terapias y medicamentos, y solo se reconoce en la medida en que se encuentren debidamente probados. El lucro cesante busca compensar los ingresos dejados de percibir y debe calcularse con criterios actuariales, considerando el ingreso base, la capacidad laboral y la expectativa de vida. En ambos casos, la Corte es clara: no existen topes, pues la indemnización depende exclusivamente de la prueba y del cálculo técnico.